aborto

Ante la reciente aprobación de la  Guía Técnica para el aborto terapéutico en el Perú y frente a los argumentos que la justifican, Manuel Ugarte, director del Centro de Pensamiento Católico de la Universidad Católica San Pablo, nos presenta un análisis comparativo con el caso español, país en cuya legislación el aborto se encuentra despenalizado desde hace más de 20 años y cuyos resultados e implicancias sociales distan de los augurios de los grupos impulsores de este proyecto.

Por:  Manuel Ugarte Cornejo (tomado de Diario Encuentro- Arequipa)

Los defensores de la Guía Técnica para el aborto “terapéutico” que se acaba de aprobar en el Perú, afirman que éste ha sido autorizado porque “va a salvar vidas”. Así lo han dicho, o dado a entender, las ministras Carmen Omonte, de la Mujer, y Midori de Habich, de Salud. Pues bien, si este es su argumento principal, entonces preguntemos: ¿Existen datos reales que avalen la certeza de esta afirmación? ¿Existen casos de países que aprobaron “protocolos” similares, cuya situación actual nos permita hacer alguna comparación en este sentido?

Responder a estas dudas nos obliga a dejar de lado —momentáneamente— la discusión sobre las implicancias morales de esta medida, y sobre su carácter inconstitucional. No porque sean menos importantes, sino para demostrar que las estadísticas de las naciones que han implementado un “protocolo” igual, parecen desmontar éste que ha sido el principal argumento de los grupos a favor del “protocolo”: que los anticonceptivos y el aborto salvan vidas.

Miremos a España

El caso español es emblemático. Y solo él serviría para hacer agachar la cabeza de vergüenza a tales ministras. Veamos. En España se despenalizó el aborto en el año 1985 (Felipe González y el PSOE), y durante el primer año la demanda fue de 17,000 abortos (cifras oficiales). Pues bien, esa fue la cifra real que acabó con la mentira de los hipotéticos 300,000 abortos clandestinos que supuestamente se realizaban antes de la despenalización. De esta manera se comprobó que ese número astronómico solo fue un montaje para presionar a favor del “protocolo”. Y era tan falso que 25 años después ni siquiera se ha llegado a la mitad de esa cifra.

Con este antecedente, no es difícil darse cuenta que, así como fue falso para el caso español, hoy es igual de falso para el caso peruano donde las ONGs feministas han calculado 352,000 abortos clandestinos, según un polémico estudio de Delicia Ferrando (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán). La campaña en España fue igual a la que se ha hecho en Perú: “anticonceptivos para no abortar”, y “aborto para no morir”. Sin embargo, los resultados han sido contrarios: más anticonceptivos, más abortos, y más muerte. ¿Cómo lo comprobamos? Volvamos al caso español. En 1997, (diez años después de la despenalización) se calculó que el 50% de mujeres españolas utilizaban anticonceptivos (estudios del equipo Daphne). ¿Ello redujo el aborto en 50%? ¿O siquiera en 20%? ¿O por lo menos en 10%? Ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario. Casi se triplicó. Las cifras oficiales registraron 49,500 abortos en ese año.

Se disparó

Esta tendencia debió ser considerada un problema de salud. Con estos datos, es claro que determinadas políticas de Estado nunca resolvieron el problema del aborto, más bien lo agudizaron. En vez de reducir el número de mujeres que recurrían al aborto, lo dispararon. ¿La solución? La que aplicó el gobierno español fue, paradójicamente: más anticonceptivos y más libertad para el aborto. Por eso a partir del año 2001 se legalizó la “píldora del día siguiente” y se repartieron 160,000 de ellas. ¿Con esto se detuvo la cifra de abortos? No. Una vez más, ocurrió todo lo contrario: ese año abortaron 70 mil mujeres. ¿Quizá hacían falta más anticonceptivos? Eso fue lo que ellos pensaron y unos años después: en el 2005, se distribuyeron 500,000 píldoras. ¿Por fin se redujo el número de abortos? No. Se volvió a disparar: 91,000 abortos. Entonces ¿qué hizo el gobierno? Liberalizó más el acceso a la píldora, y también al aborto. Así llegamos al 2011: se repartieron 700,00 píldoras, y se provocaron 118,000 abortos.

De estos datos, se infiere que no es que se buscó la despenalización porque cientos de miles de mujeres ya recurrían al aborto clandestino, y ponían en riesgo sus vidas. Lo que ocurrió más bien fue lo inverso. Ha sido la despenalización primero, y luego la liberalización del aborto, junto con otras políticas de planificación familiar, y educación sexual basada en la ideología de género, lo que ha conducido cada vez a más decenas de miles de mujeres al aborto.

España comenzó en 1985 despenalizando el aborto en tres supuestos (“terapéutico”, “eugenésico” y por violación sexual), pero que en la realidad acabaron generalizando el aborto. Es decir, comenzaron casi igual que el Perú hoy con su Guía Técnica para el aborto “terapéutico”, y frente a un coro de grupos aplaudiendo y desautorizando e insultando a quienes se atreven a advertir sobre el camino peligroso en el que nos estamos metiendo. Pues con esta “pequeña despenalización”, y todos los “controles” y “restricciones” entre 1985 y 2010 en España se ha “colado” nada menos que la escandalosa suma de 1,5 millones de abortos. España no necesitó más que aquella “despenalización” sobres tres causales absolutamente “excepcionales” y “controlables”. Y con ello se fueron un millón y medio de vidas. Pero eso sí, muchos se hicieron ricos con esta industria, como el tristemente célebre doctor Carlos Morín.

La última reforma

En el 2010 y con un nuevo gobierno del PSOE, esta vez con Rodríguez Zapatero, se modificó la legislación sobre el aborto, se pasó de una ley de supuestos a una ley de plazos. Se elevó el aborto a la categoría de derecho y la mujer pasó a tener libre disposición sobre el feto, por lo menos hasta la semana 22 del embarazo, simplemente aduciendo “riesgo para su salud” (ya ni siquiera para “su vida”). Y además las menores a partir de los 16 años podían abortar sin necesidad de consentimiento paterno. Todo esto, obviamente, no es más que el grosero botín de intereses ideológicos y económicos, que también están presentes en el caso peruano. Actualmente el gobierno del Partido Popular está buscando la manera de deshacer la ley de plazos y volver a la de supuestos, pero para muchos las diferencias entre estos dos escenarios son meramente un formalismo. España se ha dado cuenta que abordó un vehículo sin retorno. La pregunta es si a ese mismo vehículo también nos vamos a subir los peruanos.