Por: Jorge Martínez, filósofo y docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo.

A nadie se le escapa que la historia de los últimos treinta años de Chile es una historia de éxitos: un fuerte crecimiento del PIB hasta llegar a casi U$S16 000 per cápita en 2018. El índice de Gini, que mide las desigualdades, y donde 0 equivale a igualdad absoluta, pasó de 52,1 en 1990 a 46,6 en 2019, mucho mejor que Brasil, México, Colombia y Costa Rica, lo cual indica un fuerte crecimiento de la clase media. Hubo además una espectacular reducción de la pobreza, que al final del gobierno de Pinochet ascendía al 50%, y ahora se encuentra en el 10% y disminuyendo. La mortalidad infantil, que era de más de 200 muertos por cada 1 000 nacidos vivos entre 1915 y 1940, hoy se sitúa en 6,4 por mil. La esperanza de vida pasó de 53 años los varones y 57 las mujeres en 1950, a 80 y 85 años respectivamente en 2017. Por otra parte, cualquier indicador que se tome para matizar estos datos duros, sigue arrojando números azules que progresan de manera constante: índice de desarrollo humano, tasas de alfabetización, acceso a la educación superior, disponibilidad de desagües cloacales, etc. Y esto por no mencionar el importante papel que tiene el país como receptor de inmigración, incluso europea.

Sin embargo, el 18 de octubre de 2019 se produjo una revuelta generalizada en el país que la prensa de izquierda, liderada por CNN, no dudó en bautizar con el nombre de “estallido social”. Los destrozos fueron incalculables. El daño a la propiedad pública fue cuantioso. En Santiago se incendiaron estaciones de metro, vagones, buses, iglesias, monumentos, museos. Se destruyeron calzadas, ciclovías y todo aquello que pudiera convertirse en una fuente de proyectiles para arrojar a la policía. Se saquearon supermercados, centros comerciales, etc. Verdaderas batallas campales se desarrollaron en varios puntos de Santiago, propagándose posteriormente a Valparaíso y Concepción. El “estallido” habría tenido como detonante un aumento de 30 pesos chilenos (15 centavos de sol) en el precio del boleto del transporte público en Santiago. El slogan fue: “No son 30 pesos. Son 30 años”. Al día de hoy se sabe que nada de eso fue espontáneo, y hay serias sospechas de la colaboración de agentes extranjeros entre los cuales habría varios venezolanos. Esto último no ha sido fehacientemente demostrado, pero lo que sí es seguro es que algunos aviones de la fuerza Aérea de Chile han partido con extranjeros deportados. La primera tarea de los infiltrados, extranjeros o no, consistió en la quema simultánea de cinco estaciones del Metro de Santiago. Todo esto tomó al gobierno en la más absoluta indefensión y perplejidad.

Así entonces, el 15 de noviembre de 2019 se anunció que todos los partidos políticos habían llegado a un acuerdo mediante el cual se convocaría a un plebiscito popular en abril de 2020. En ese plebiscito los chilenos decidirían dos cosas: una, si querían una nueva constitución; la otra, cuál sería el órgano encargado de elaborarla, si una asamblea integrada por parlamentarios escogidos ad hoc, o bien una convención constituyente en la cual los convencionales no provendrían de los partidos políticos, sino de distintas organizaciones de la sociedad civil. Debido a la pandemia, ese plebiscito pasó de abril a octubre, concretamente el 25. La campaña fue extremadamente polarizada entre los partidarios del “apruebo (una nueva constitución)” y los del “rechazo”. Pasó la elección y apareció otra sorpresa: el aplastante triunfo del “apruebo” por un 80%.

La actual Constitución chilena es considerada como la “Constitución de Pinochet”, lo cual es en parte verdad. Y lo es porque efectivamente fueron Augusto Pinochet y su equipo los encargados de ponerla en vigencia. Lo que no se dice, o no se quiere recordar ni decir, es que, en el 2005, bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos, hubo una ratificación parlamentaria de dicha Constitución, con lo cual el argumento de la supuesta ilegitimidad de origen perdió su vigencia. Esto es importante porque según recientes estadísticas, el 51% aproximadamente de los votantes por el “Apruebo” lo hicieron por tratarse de “la Constitución de Pinochet”. Que al país le haya ido muy bien en estos últimos 30 años no parece, para estas personas, un argumento de mayor peso. Y el otro 49% votó por el “Apruebo” porque fue convencido por el discurso propalado descaradamente por el Partido Comunista y sus aliados voluntarios e involuntarios (Frente Amplio y Podemos chileno especialmente), en el sentido de que una nueva constitución serviría para mejorar sus pensiones, impartir “educación de calidad” (uno de los clichés en boga en Chile), acceso a la vivienda, mejora del poder adquisitivo de los salarios y, en definitiva, la concreción de la madre de los clichés: acabar con el modelo neoliberal.

Dígase de paso que el Partido Comunista de Chile tiene un techo electoral de 5% según los cálculos más optimistas, aunque su influencia en el gobierno y en casi toda la derecha chilena (hay excepciones, como las del Partido Republicano de José Antonio Kast), va mucho más allá de ese módico 5%. Ese escuálido porcentaje importa muy poco al Partido Comunista, ya que se trata, según él, de rémoras de una concepción burguesa de la política que cree en cosas como la democracia, por ejemplo. Hace poco, y frente al recrudecimiento de los hechos de violencia, simultáneos con el relajamiento de las exigencias sanitarias, una buena parte de los partidos políticos acordó rechazar la violencia como modo de validar protestas. Sin embargo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier dijo: “Si rechazar la violencia significa que diga a la gente que no salga a manifestarse, no haré eso”. En cuanto al modo de redactar la nueva Constitución, se impuso la Convención Constituyente, es decir, quedarán afuera muchos parlamentarios y el asunto se decidirá mayormente por candidatos independientes y asociaciones de la sociedad civil. No obstante, hay que decir que existen importantes asociaciones cooptadas por el Partido Comunista. La Asociación de Profesores está presidida por un comunista, lo mismo que la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y la asociación No + AFP, por ejemplo.

Es por lo menos curioso que en Chile existan programas de Maestría en Derecho Constitucional muy exigentes, pero a la hora de tomar la más importante de las decisiones en materias constitucionales, el asunto se deje en manos de un plebiscito popular. Con toda seguridad la mayoría de los votantes, si se les preguntara qué es una Constitución política, no sabría qué responder, pero sí cree saber que hay que cambiarla.

En suma, existe una abismal polarización política en Chile entre derecha e izquierda, pero es la izquierda quien lleva una ventaja exorbitante, pues ha conseguido camuflarse con el ropaje del “progresismo”. Con esto, la izquierda ya no necesita entrar en el terreno de las planillas Excel y los índices de Gini de la derecha, terreno donde saldrá derrotada. La llamada en Chile “batalla de las ideas” pasa por la promoción de temas que a la mayoría de la ciudadanía le son indiferentes, pero que muchos consideran como una manera de insertar a Chile en el mundo desarrollado, un mundo al que los chilenos están convencidos de pertenecer. Esos asuntos son, entre otros, feminismo, matrimonio homosexual, despenalización del aborto y la eutanasia, legitimidad de los reclamos mapuches en la Araucanía, etc.

Y por último, una explicación del título de este breve informe dirigido a peruanos. El “chaqueteo” designa el acto de jalar de la chaqueta (o saco) hacia abajo a alguien que se está destacando en alguna materia. Lo que este cronista nunca imaginó, es que un país entero se aplicaría esa práctica a sí mismo. Es de esperar que los peruanos pongan sus barbas en remojo, y no permitan que entre sus prácticas políticas haya la menor contaminación de partidos como el Comunista de Chile, un viejo dinosaurio desdentado y perverso que todavía puede hacer mucho daño con sus coletazos.