Por: Trilce Valdivia Aguilar, docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo. Coordinadora de la Clínica Jurídica de la UCSP. Magister en Derecho Internacional con mención en Derechos Humanos por la Northwestern University, Chicago, Estados Unidos.

Lamentablemente, una vez más, el orden constitucional camina por la cuerda floja. Observamos las manifestaciones de nuestro fallido constitucionalismo, que se coloca presto a ejercicios abusivos del poder revestidos de formalidad constitucional. Bajo el alero de disposiciones constitucionales excesivamente indeterminadas se realizan acciones controversiales, por lo menos, en cuanto a su naturaleza de infracciones contra la Carta Magna.

Pagamos muy caro las imprecisiones del Constituyente. Entre otras, su blindaje de la institución presidencial con posibilidades limitadísimas para el ejercicio de un juicio político; su importación de instituciones desde el Parlamentarismo sin fortalecimiento de los partidos y la permisión de una posible cohabitación política, en un país donde es casi imposible lograr consensos entre las fuerzas políticas.

Pagamos muy caro nuestra interpretación “más allá del texto” de la Constitución, avalada en muchos casos por el Congreso, incluso, por el mismo Tribunal Constitucional. Esta posibilita, por ejemplo, la disolución del Congreso bajo la justificación de una “denegación fáctica” de la “cuestión de confianza” que puede plantearse básicamente por cualquier cosa, y la aprobación de una vacancia presidencial por “incapacidad moral” justificada en una presunta deshonestidad en el más absurdo de los escenarios. Pagamos muy caro nuestra todavía adolescencia como Nación. El precio es un orden constitucional rifado al mejor postor.

Maduremos, seamos ciudadanos responsables con nuestro voto, con nuestras acciones. Y seamos, sobre todo, ciudadanos vigilantes de las acciones de nuestros representantes en un período de transición como este. Quizá sea hora de participar formalmente de un partido, de construir sociedad civil, de informarse antes de votar, de valorar críticamente la información que recibimos en las redes sociales y a través de la prensa.

En un interregno de concentración de poderes en el Legislativo, sin contrapesos previstos en la Constitución, queda exigirle la automesura. No resulta conveniente ejercer gravitantes funciones de representación como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Queda comprometer a los organismos constitucionales autónomos, como la Defensoría del Pueblo, a una estricta vigilancia de la función legislativa, proponiendo, de ser el caso, las acciones de inconstitucionalidad pertinentes. Nos queda a todos nosotros ser verdaderos ciudadanos.