Tras el levantamiento de la cuarentena social en Lima y la mayoría regiones en el mes de julio, se teme que pueda haber un incremento en la tasa de contagios de coronavirus en Perú. De ocurrir una aceleración de los casos en el último trimestre de 2020, la recuperación económica del país podría retrasarse hasta por un semestre, hasta el segundo trimestre de 2023. De no producirse, el restablecimiento de la economía podría darse entre el primer trimestre de 2022 e inicios de 2023.

La contracción del producto bruto interno (PBI) se calcula en 14% para el año 2020, muy lejos de la proyección de 4% que se planteó en 2019 o de crecer 2% como se estimó en marzo, ya con la pandemia en Perú.

Un factor positivo que se puede vislumbrar es que en el caso de los países con alta dependencia en la actividad minera, como Perú, se espera que la recuperación sea más acelerada, debido a la demanda que tendrían estos recursos, de cara a la recuperación de la economía mundial.

En el caso específico de Arequipa, la alta participación del sector minero favorece una recuperación de la economía regional hasta un trimestre antes que la economía peruana en su conjunto. El puntal para que en Arequipa se inicie el último trimestre de 2021 está en la exportación de los productos mineros, principalmente el cobre, ya que representan el 90% de lo que se vende al exterior desde Arequipa. Arequipa es el primer productor de cobre del país, metal que viene recuperando su valor en el mercado internacional. La minería sufrió una caída del 50% a inicios de la cuarentena; sin embargo, el haber sido incluida entre las primeras actividades autorizadas a operar desde mayo como parte del plan nacional de recuperación económica ha ayudado para que este sector se recupere más rápidamente.

Además de las diversas dificultades a las que se enfrentan las empresas en los diversos sectores de la economía, la recuperación de la economía arequipeña se ve entorpecida por algunas limitaciones desde el sector público. La corrupción es una de ellas. Arequipa presenta un mayor porcentaje de empresas víctimas de funcionarios corruptos de alguna entidad del Estado que el promedio del país, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas de 2018. A la corrupción se suma la poca capacidad de gestión, tanto en el gobierno regional como en los municipios.