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El ordenamiento territorial ayuda a despolarizar la ejecución de inversiones

 

Especialista destaca la importancia de este instrumento, para promover el desarrollo equitativo en la región

 

Fuente: Escuela de Posgrado de la Universidad Católica San Pablo

Uno de los principales problemas en el manejo presupuestal de los gobiernos regionales es su uso político. Se priorizan obras en función del volumen de inversión y no de la utilidad real a favor de la población y en otros casos, se aprueban transferencias a municipios allegados, bajo la excusa de incentivar una política de descentralización.

El especialista en planificación y ordenamiento territorial, Adrián Neyra Palomino, opinó que este tipo de prácticas no permiten encaminar el desarrollo local y regional, ya que todo proyecto de inversión pública o privada, debe darse en función de las condiciones y oportunidades que tiene la zona de intervención.

Adrián Neyra

Prof. Adrián Neyra.

“Hay que cambiar el enfoque para medir el beneficio de los proyectos por cuánto se gasta o se invierte y pasar a otro, que tenga en cuenta el impacto en el territorio y en la dinámica de su población”, apuntó, el coordinador del Diplomado en Planeamiento Territorial y Administración Pública de la Universidad Católica San Pablo.

Un plan de ordenamiento territorial ayuda a identificar las potencialidades y capacidades de cada zona para incentivar la inversión privada, en distintos niveles, a partir de la explotación de recursos naturales y a reducir problemas de conflictividad social. Es un mecanismo muy importante para asegurar el desarrollo sostenible de cualquier localidad.

“Nos ayuda a medir el beneficio efectivo de cualquier intervención y a reducir los impactos negativos en el territorio, sobre todo en el medio ambiente y el ecosistema, que tanto preocupan y hasta generan el rechazo de la población”, agregó.

INVERSIONES SIN RIESGO

A partir del ordenamiento territorial, se puede propiciar una propuesta de desarrollo equitativa y justa para Arequipa porque permitirá advertir a los inversionistas privados o al mismo Estado sobre las condiciones que hay en un territorio antes de intervenir, teniendo en cuenta a la población.

“Con eso se reducirá la incertidumbre en el desarrollo de determinadas actividades y conflictos posteriores, pues el ordenamiento territorial es un proceso de planificación participativo. La población estará informada sobre los alcances de las diferentes intervenciones y sus implicancias sociales, económicas, culturales, entre otras”, comentó.

MAYOR ARTICULACIÓN

El ordenamiento territorial orienta la planificación del desarrollo regional y local, haciendo que las gestiones de estos niveles se inserten en los procesos nacionales. Con ello, si algún ministerio tiene previsto realizar un proyecto en estas jurisdicciones, primero deberá revisar la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de esta jurisdicción, la que identifica las alternativas de uso sostenible de un territorio, considerando sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales.

“Eso obliga a coordinar y concertar con las autoridades locales o regionales y evita intervenciones directas por parte del Gobierno Central, lo que también aporta al a descentralización”, afirmó el docente UCSP.

¿CÓMO VAMOS EN AREQUIPA?

Nuestra región cuenta ya con la Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Fue aprobada en noviembre del año 2020. Lo que sigue es su implementación por parte del Gobierno Regional en coordinación con los municipios provinciales.

Posteriormente, se deben realizar estudios especializados respecto al uso y cambio de suelos, servicios ecosistémicos, capacidad institucional, gestión de territorio, gestión de desastres, entre otros; así como desarrollar un diagnóstico integrado del territorio y culminar con la formulación del plan de ordenamiento territorial.

El ordenamiento territorial es un proceso político y técnico administrativo de toma de decisiones concertadas. Debe involucrar a actores sociales, económicos, políticos y técnicos de cada jurisdicción.

Según Neyra, si hay voluntad política, este proceso no debería tomar más de año y medio. No obstante, las autoridades regionales y municipales, suelen priorizan el corto plazo y los instrumentos de planificación, muchas veces son ignorados y no los aplican en sus gestiones o quieren hacerlo cuando ya están por terminarlas.

“Es momento de generar condiciones de desarrollo mirando el territorio con perspectivas de largo plazo, para poder erradicar la inversión con fines políticos que no nos permitió avanzar en los últimos años”, finalizó.

 

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