San Pablo Informa

A propósito de que Defensor del Pueblo peruano, Walter Gutiérrez, sustentó el pasado 07 de enero la acción de amparo a favor de Ana Estrada Ugarte para que pueda acceder al suicidio asistido que está contemplado como delito en el marco legal en el Perú, y la presentación del Proyecto de ley que permite el uso de la eutanasia por el congresista Gino Costa, el debate sobre la eutanasia se ha puesto nuevamente sobre la mesa. Esto, sumado a la aprobación del aborto libre en Argentina, hace que el tema de la dignidad humana y el derecho a la vida deba ser debatido con seriedad y profundidad en nuestro país.

Debemos tener claro que la situación que vive Ana Estrada, al igual que la de muchas otras personas que se encuentran en el mismo trance, es muy triste y dolorosa. Y nadie debe juzgar lo que ellos pueden estar sintiendo o deseando. Sin embargo, cuando hablamos de políticas públicas se debe despersonalizar el tema ya que no se puede legislar teniendo como sustento los sentimientos personales. Recordemos que la obligación del Estado es promover el bien común, aquello que es bueno para la sociedad y, a la vez, atender subsidiariamente las necesidades de personas que por algún motivo no pueden satisfacerlas.

Desafortunadamente, esta no es la forma de pensar ni de actuar de lobbies y de ciertos organismos que para conseguir sus objetivos políticos y mercantiles toman casos como el mencionado para convertirlos en emblemáticos y así legitimar su postura y avanzar en sus agendas. Se explota el aspecto sentimental, ya que legal, científica o éticamente saben que sus posturas son difícilmente sustentables. Pero todo se vale para dinamizar un negocio millonario a escala mundial.

En este contexto, también es importante destacar la narrativa que se viene difundiendo alrededor de estas prácticas y que pretende legitimarlas relativizando la vida humana y la dignidad de la persona. Como en todo lo que tiene que ver con la agenda ideológica que trae la cultura de la muerte, se manipula el lenguaje para vender como bueno algo que no lo es. Y para lograrlo usan palabras talismán que validan conductas poco éticas hasta que dichos términos se logran instalar como lo políticamente correcto. ¿Quién puede estar en contra de una muerte digna? Nadie. Pero para eso primero hay que redefinir lo que es una muerte digna. ¿Alguien en su sano juicio podría negarse a respetar un derecho humano? Nadie. Por eso hay que repetir el mantra de que el aborto es un derecho humano hasta que cale en la cultura. Es una estrategia que ya es conocida y que cada vez se hace más evidente.

Por otro lado, se pretende vender falazmente la bondad de estas intervenciones como algo optativo. Es decir, “si no quieres abortar, no abortes. No es obligatorio”. Eso es una gran mentira puesto que al legalizarse y difundirse culturalmente como una práctica normalizada, e incluso deseable en algunos casos, se terminan generando mecanismos coactivos que afectan a otras personas. Por ejemplo, en Argentina, la nueva ley aprobada a favor del aborto penaliza a los médicos que no quieran colaborar con la ejecución de dicho asesinato, directa o indirectamente, hasta el punto de quitarles las licencias profesionales. Aquí, además de la evidente violación al derecho a la vida del no nacido está la vulneración de otro derecho que es el de la libertad de conciencia. ¿No es ese un actuar totalitario?

Pero tal vez la reflexión más radical que debemos plantearnos ante lo expuesto es: ¿qué podemos esperar de una sociedad en la que si alguien vive o muere está sujeto a la decisión de un grupo de personas? No es problema menor ya que estamos hablando de eliminar nuestro primer derecho inalienable que es propio de nuestra condición humana y, por tanto, no es una ¨concesión¨ de terceros. Conocemos varios casos en la historia en los que ya alguien decidió quién era digno de existir y quién no, y cómo acabaron estos episodios. Hay que aprender de la historia para no volver a cometer los mismos errores.

Mag. Giuliana Caccia
Máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra
Directora de la Asociación Origen.