Por: Carlos Fernando Timaná Kure, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo, politólogo y magister en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Externado de Colombia.

El pasado 28 de abril comenzó el paro nacional en Colombia, una serie de marchas y protestas ciudadanas convocadas por diversos sectores sociales para protestar contra el proyecto de ley presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque denominado Ley de Solidaridad Sostenible que en realidad proponía una reforma fiscal donde la mayoría de las medidas tributarias afectarían los ingresos de la clase media del país andino.

La Ley de Solidaridad Sostenible sería la tercera reforma fiscal del presidente Duque, después de la Ley de financiamiento aprobada en 2018 y la Ley de crecimiento aprobada en 2019; con ellas para 2020 el Gobierno nacional esperaba recaudar en impuestos US$ 44 000 millones, de los cuales debido a la crisis económica derivada de la pandemia solo pudo recaudar US$ 33 396 millones y por el contrario tuvo que hacer gastos extraordinarios del orden de US$ 11 480 millones para atender  los subsidios a las familias, infraestructura de salud y gastos de tratamientos médicos.

Con todas esas medidas expansivas del gasto público, Colombia llevó el nivel de su endeudamiento al 64% del PBI y el déficit fiscal de 2020 llegó al 7,8%, el más alto en los últimos 70 años. Ante este panorama era necesario hacer ajustes y aumentar la recaudación, pero el proyecto del Gobierno de Iván Duque tuvo muchas críticas por hacer recaer la mayor proporción de recaudo en la clase media y no tocar a los más ricos.

El gobierno necesita recaudar US$ 6 105 millones y para ello la reforma planteaba aumentar la cantidad de contribuyentes que declaran renta, donde todos los que perciben US$ 601.00 -equivalente a S/. 2 300.00 mensuales- pasarían a declararla, cuando hasta este momento solo lo hacían quienes tenían el doble de estos ingresos.

Con la reforma, el Gobierno retiraría el reembolso del IGV de los insumos a los productores agropecuarios y disminuía el impuesto a los dividendos de instrumentos financieros como las acciones. Al mismo tiempo no tuvo en cuenta un aumento de la base gravable de las personas más ricas del país, pese a que una comisión de expertos le propuso aumentar la base del impuesto al patrimonio, el cual es pagado por quienes tienen un patrimonio superior a 1 millón 306 mil dólares. La idea era que también lo pagasen quienes tuvieran un patrimonio de 783 mil dólares, pasando de 7 mil contribuyentes a 39 mil, lo que hacía que todos fueran solidarios.

El mayor acierto de la reforma era aumentar la base de beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas –subsidios- que buscan llegar a los más pobres del país, que sin la reforma llegan a 9,4 millones de personas y con la reforma se buscaba duplicar dicha cifra, hasta llegar a 18,8 millones de beneficiarios. Una buena medida si se tiene en cuenta que el 67% de los hogares en Colombia reciben como ingresos un promedio de US$ 165.00, equivalentes a S/. 632.00, y un subsidio les ayudaría a disminuir la pobreza monetaria y dinamizar el consumo y la economía local.

Los puntos flacos del proyecto, junto a la pésima comunicación de la propuesta y lo regresivo del tratamiento a la clase media hizo que el país que salió a marchar antes del coronavirus en diciembre de 2019 hasta febrero de 2020 volviera a hacerlo, esta vez sumado al descontento generado por las consecuencias de la pandemia, el desempleo y la precariedad económica que ya afecta casi al 50% de la población colombiana, sumado al oportunismo electoral de algunos políticos como Gustavo Petro, jefe de la oposición y gran admirador del legado de Hugo Chávez en Venezuela.

Lastimosamente las marchas y protestas que buscan visibilizar el descontento social de una buena parte de la población se han convertido en ocasión para que grupos violentos las infiltren y veamos situaciones tan complejas como la que registra la ciudad de Cali donde el orden público se ha visto tan amenazado que ha sido necesaria la militarización de la ciudad.

Si bien el Gobierno nacional ha buscado generar una mesa de diálogo con los promotores de las marchas para tratar de encontrar una solución a esta situación, no será fácil ni rápido.

El arraigo y legitimidad que tiene la Constitución de 1991 entre la población de Colombia hace difícil que se cambie su modelo económico o constitucional; como si está ocurriendo en Chile tras las marchas de protesta al gobierno de Sebastián Piñera en 2019, pero en política nada puede ser descartado del todo. (Con información del canal La Pulla)

Arequipa, 05 de mayo de 221