Arequipa, capital jurídica del Perú. Apuntes para renovar los laureles de ayer

Arequipa, capital jurídica del Perú. Apuntes para renovar los laureles de ayer

535
Compartir

Daniel UgartePor: Daniel L. Ugarte Mostajo – Director de Dpto. de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo

“… Que por siempre tendrás juventudes que renueven laureles de ayer”, reza la que, en mi opinión, es la estrofa más hermosa del himno de Arequipa. Al recordarla, vienen a la mente innumerables méritos que permiten constatar que la referida locución no hace más que recoger una realidad histórica incontestable, uno de los cuales es, sin lugar a dudas, el especial calificativo de Arequipa como “capital jurídica del Perú” o “cuna de la juridicidad”.

Como es sabido, semejante calificativo responde al especial esplendor que en el siglo XIX y por efecto de distintos factores de orden social y económico, alcanzó la carrera de abogacía en Arequipa, al punto que “a finales 1830 la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema del Perú había sido formada en Arequipa (…), y más de la mitad de los integrantes que redactó el primer Código Civil de 1852 fue arequipeña” (Coaguila, p. 357); ello sin dejar de mencionar que ya en 1821 se fundó en esta ciudad la Academia Lauretana de Artes y Ciencias, antecesora no sólo del Colegio de la Independencia Americana y de la Universidad del Gran Padre San Agustín, sino también del ahora Colegio de Abogados de Arequipa; y más adelante, en el siglo XX, amén del surgimiento de importantes juristas arequipeños de fama nacional e internacional (Francisco Mostajo Miranda, José Luis Bustamante y Rivero, entre otros), el reconocimiento de Arequipa como la “capital jurídica del Perú”, le valió para que en la Constitución Política de 1979 se declare a esta ciudad como sede del Tribunal de Garantías Constitucionales, ahora Tribunal Constitucional.

Sin embargo, como también recuerda Coaguila (p. 358), este auge de los estudios de abogacía en Arequipa permitió que, junto con ilustres juristas, surjan en el ámbito judicial de nuestra ciudad –como en todo el Perú– una serie de personajes (leguleyos y tinterillos, entre otros) de cuestionable proceder y que de manera inevitable traen a nuestra memoria los recientes y lamentables acontecimientos en los que se han visto envueltos altos funcionarios del Poder Judicial, quienes con tono vulgar y totalmente reñido con la dignidad de su investidura, parecen dar vida a las magistrales acuarelas con las que el pintor arequipeño Teodoro Núñez Ureta expresaba la imagen que la gente tenía –y sigue teniendo– sobre la justicia y la labor de los profesionales del Derecho en nuestro país, una imagen ciertamente deformada de la justicia, pero muy a nuestro pesar no carente de fundamento.

Ante tal contraste, y en la víspera del 478 Aniversario de la Fundación española de la Ciudad Blanca, urge cuestionarse y reflexionar sobre la razones de tal “deformación” en el ejercicio de la vocación jurídica, para luego poder garantizar la renovación o, mejor dicho, la recuperación, de aquél calificativo que encabeza estas breves líneas y que tanto nos enorgullece a los profesionales del Derecho en Arequipa. He querido usar adrede la expresión “deformación” del ejercicio de la vocación jurídica, porque más allá de la reformas legislativas e incluso constitucionales que se puedan hacer a nivel del Poder Judicial, Ministerio Público o Tribunal Constitucional, en mi opinión, el problema que atraviesa la justicia en el Perú –como en muchos lugares del mundo– es un problema que tiene mucho que ver con la formación de los futuros profesionales del Derecho, a quienes desde hace varias décadas se les viene diciendo que para hacerse un lugar en el mercado laboral –cada vez más competitivo y global por cierto– hay que centrarse en una formación eminentemente técnica y profesionalizante, donde el estudio de materias que no son estrictamente jurídicas es considerada una pérdida de tiempo.

Esta visión, ciertamente reduccionista del Derecho y de la labor que cumplen los abogados en la sociedad, desconoce que el profesional del Derecho –a quien prefiero llamar “jurista” en un sentido amplio– necesita tener, para cumplir a cabalidad la función que tiene encomendada (que no es otra que resolver –o ayudar a resolver– los problemas concretos que se someten a su conocimiento, discerniendo en cada caso lo justo y lo injusto) un cabal conocimiento y comprensión de la realidad en la que opera y de la persona humana (razón de ser del Derecho), lo cual sólo es posible si es que el estudiante de Derecho recibe una formación verdaderamente integral, que como tal, no puede quedar circunscrita a la formación estrictamente profesional o, a lo mucho, complementada con las denominadas destrezas legales (legal skills) o habilidades blandas (soft skills), sino que exige una formación que atienda tanto a la inteligencia como a la voluntad de los estudiantes y que, en consecuencia, incorpore en su formación la enseñanza de los denominados saberes fundamentales (filosofía, pero también teología), de las  humanidades (historia, artes, etc.), de estudios interdisciplinarios, y sobre todo, de la tantas veces reclamada –y también publicitada– formación “en valores”, pero que yo prefiero llamar, simplemente: formación moral.

En pocas palabras, la formación integral del estudiante de Derecho –y por qué no, la formación continua de los que ya son profesionales– requiere contemplar la formación en virtudes, es decir, la formación en hábitos buenos, hábitos o virtudes intelectuales por supuesto (sabiduría, ciencia, técnica), pero sobre todo, en hábitos o virtudes morales (agrupadas en las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza), que son aquellas que permiten racionalizar nuestros apetitos (también los económicos y de poder) y, aunque suene paradójico, potencian cada vez más nuestra libertad como seres humanos (Trigo, pp. 14-17). Solo así estaremos en verdaderas condiciones de renovar los laureles de ayer y hacer que nuestra hermosa ciudad sea, al igual que antaño, reconocida por propios y extraños como la “capital jurídica del Perú”.

Referencias bibliográficas:

  • Coaguila, J. (2008). Jueces, abogados y escribanos: recetario para una construcción relacional de la identidad arequipeña. Revista de Antropología Social, 2008, 17, 351-376.
  • Trigo, T. (2017). Moral de la persona: Las virtudes. Pamplona: Eunsa.