Cataluña: ¿la fuerza de los argumentos o los argumentos de la fuerza?

Cataluña: ¿la fuerza de los argumentos o los argumentos de la fuerza?

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Foto: Periodismo Sin Fronteras

Foto M. MaldonadoPor: Dra. María Alejandra Maldonado Adrián, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Católica San Pablo, docente de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UCSP, Doctora en Jurisprudencia y master en Derecho por la Universidad de Illinois, Estados Unidos.

El jueves 19 de octubre vence el plazo concedido al gobierno de Cataluña para “aclarar” si declararon su independencia o no.

Cataluña ha sido parte de España desde su génesis en el siglo XV, cuando el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla se casaron y unieron sus reinos. Si bien, bajo el dominio del General Francisco Franco, se le revocó la autonomía, actualmente, se le reconoce como una comunidad autónoma española de 32,000 Km2 ubicada en el noreste de la península ibérica y compuesta por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Aquí, el primer argumento: No toda Cataluña es Barcelona, más toda Barcelona forma parte de Cataluña.

La comunidad autónoma catalana cuenta con su propio Parlamento y Poder Ejecutivo, conocidos conjuntamente como la Generalitat en catalán; de nuevo, con amplia autonomía. El presidente de la Generalitat es Carles Puigdemont, un periodista y político catalán electo desde 2016.

Se trata de una región ampliamente industrializada con la economía más importante de entre las comunidades autónomas de España, pues con aproximadamente el 19% de la población total española, representa más de una cuarta parte de las exportaciones del país. Después de Madrid, Barcelona es la ciudad más poblada de España y sexta ciudad con mayor población de la Unión Europea (UE). No hay duda de la importancia que representa Barcelona para España, como atractivo comercial, turístico y futbolístico.

Esta riqueza es uno de los puntos clave en la controversia secesionista, pues los catalanes alegan que contribuyen más en impuestos al gobierno español de lo que reciben en gasto público de éste. Por ende, estarían mejor si la riqueza producida, se quedara en la región.

Segundo argumento: Las riquezas realizan su función de servicio al hombre cuando son destinadas a producir beneficios para los demás y para la sociedad. Al formar parte de un mismo Estado, tanto las riquezas como las deudas deben ser compartidas. No obstante, la riqueza de la región, de cada 7 euros que tiene Cataluña, casi 5 euros se deben al gobierno español. ¿Acaso no se vive similar principio a nivel de Unión Europea?

Tercer argumento: la aspiración independentista es de un grupo importante de ciudadanos catalanes, pero no está claro que sea la mayoría de ellos.

En efecto, el Parlamento catalán aprobó su propia ley 20/2017 para organizar una consulta popular sobre la siguiente pregunta: “¿Desea usted que Cataluña se convierta en un estado independiente en la forma de la república?”. Según el referéndum popular del 1 de octubre, de un total de 5.3 millones de votantes, el 42.3% participó. De estos 2.2 millones de personas, más del 90% respondió: SI. Esto ocurrió a pesar de que la vigencia y aplicación de la Ley fue suspendida por inconstitucional por el Tribunal Constitucional Español. Un poco “a la fuerza” se vienen dando las cosas desde entonces.

Ante estos resultados, el 10 de octubre de 2017 el Sr. Puigdemont firmó la declaración unilateral de independencia ante el Parlamento, pero indicó que este último deberá suspender los efectos de la medida para procurar una negociación con el gobierno español.

Mientras tanto, un grupo de políticos le pide al primer ministro Mariano Rajoy que aplique por primera vez el artículo 155 de la constitución española de 1978 que elimina el alto grado de autonomía de Cataluña. Aunque aún no se decide el tema, se le concedió un plazo máximo que vence el 19 de octubre para que el presidente de la Generalitat diga si Cataluña se declara independiente o no “antes de dar el siguiente paso”.

Cuarto argumento: ¡Dialoguen! Esto no le hace bien a ninguna de las dos partes.

Cataluña pidió iniciar negociaciones e incluso la mediación internacional en esta crisis, según la carta del Sr. Puigdemont dirigida al primer ministro Rajoy, del 16 de octubre.

Madrid podría acordar negociar. Podría, alternativamente, permitir que se celebre un referendo en la región, pues según el artículo 92 de la Constitución Española, las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Pero eso parece poco probable, ya que tal iniciativa debería provenir del gobierno español y contar con el apoyo del Rey Felipe VI, quien a comienzos de mes expresó: “Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática”.

El escenario más radical sería aplicar el artículo 155 de la Constitución Española para “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla – comunidad autónoma – al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general”. Mientras tanto, la UE considera esto como un asunto interno para España.

En la práctica e históricamente, para cualquier región es muy difícil lograr la independencia inclusive bajo el derecho internacional. Claro que existen casos, pero hasta para la otrora provincia serbia de Kosovo, teniendo argumentos claros y comprobados por violación de derechos humanos, no le fue fácil ser independiente.