La corrupción y los jueces. Una perspectiva desde la Historia del Derecho.

La corrupción y los jueces. Una perspectiva desde la Historia del Derecho.

710
Compartir
Foto: Perú 21

IMG_8941

Por: Mgtr. César Belan Alvarado, docente del Departamento de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica San Pablo. Educador, abogado, magister en Derecho Penal y magister en Historia.

Mientras que la credibilidad del sistema judicial peruano está por los suelos –por casos como un juez detenido cuando recibía una coima u otro juez que negocia la sentencia de un acusado de violación a una menor-, quienes lo dirigen repiten epítetos trasnochados como «benemérita institución», «justicia respetable», «honorabilísimos magistrados» en cuanta oportunidad tienen; como única y vergonzosa respuesta a esta sombría realidad.  Quizá desde la Historia del Derecho podemos dar respuesta a este problema social, pese a que esta disciplina es ampliamente menospreciada por los «operadores jurídicos» que prefieren las materias técnicas y memorísticas.

En 1969 John Henrry Merryman, destacado estudioso de la historia legal afirmó que la ideología jurídica revolucionaria redujo el papel de los jueces de reputados jurisconsultos y líderes de la Nación, a simples empleados públicos reducidos a la función mecánica de «hacer hablar a la ley». Así pues, el dogma jurídico revolucionario –en el que se basa en gran medida nuestra justicia– plantea la vigencia de un derecho tan racional, claro y coherente que el juez solo tendría que invocarlo para un caso concreto, sin ningún poder de interpretación. El padre del sistema político moderno, Montesquieu, lo diría más claramente: «Le juge est la bouche de la loi» (el juez es solo la boca de la ley).

Así se degradó la categoría de los jueces –antes peritos en leyes; o grandes prohombres de virtud comprobada, a quienes se les exigía una vida intachable y alejada de la común vida social– en oscuros funcionarios que hacían una carrera en el Estado como cualquier otro personaje.

En la actualidad, en los países herederos del derecho revolucionario, quienes ocupan los puestos de magistrados no alcanzan esta designación como el corolario de un excelente desempeño en el ámbito privado, a consecuencia de su prestigio entre sus colegas abogados, o por su reputación como jurista u hombre intachable. Obtienen su designación y promoción como cualquier servidor público, como cualquier funcionario. El tiempo y sus redes políticas y sindicales harán que cualquier juez (más allá de su mediocre desempeño) ascienda según una escala ya prefijada, convirtiéndolo en un empleado público predecible y muchas veces manipulable.

En nuestra realidad, en la que el aparato público es más precario que en países europeos, las taras que afectan a la función pública (corrupción, nepotismo, partidismo) aquejarán, evidentemente, también al aparato judicial. Se entenderá entonces eso que es vox pópuli: copamiento de la magistratura por partidos políticos, intrincadas redes de poder para favorecimiento de grupos de magistrados, corrupción del más alto y bajo nivel.

De otro lado, cada vez están más debilitados los principios basales que inspiraron el actual régimen jurídico, mutando en versiones muchas veces contradictorias. Sin embargo, hablamos de una «cultura jurídica», una forma de ver el Derecho que ya se ha instalado entre legos y conocedores, algo que Trazegnies llamó el «positivismo ligth» o vulgar. Es evidente que esta forma de concebir la justicia como una operación mecánica de aplicación legal, como un procedimiento inerte, ya ha calado fuertemente; el propio Merryman lo advertía hace 50 años.

Además está el hecho de que el sistema de elección de los magistrados es básicamente el mismo del siglo XVIII y reproduce sus mismos principios, esta visión del derecho que deprecia la figura judicial se mantiene viva en muchos jueces y en la población, degradándose su dignidad a causa de la filosofía que la sustenta.

Mientras el juez sea visto como un funcionario más y no como un «héroe cultural» de los países anglosajones (naciones en las que el trabajo de los jueces es digno de ser estudiado y publicado en los periódicos; y en cuya conducta se reproducen las pautas sociales), los vicios que afectan a la función pública en general se reproducirán la función jurisdiccional, esencial para la vida civil.