Tras una profunda crisis institucional, que casi nos deja sin orden constitucional, quienes promovieron el mantenimiento del Estado de derecho en el país, en diciembre pasado, hoy lo embisten con la elección de personas con nulas credenciales para cargos públicos, esta vez le tocó el turno a la Defensoría del Pueblo.

La principal noticia política, la semana pasada, la proporcionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con su informe sobre las muertes acontecidas durante las protestas violentas debido al frustrado golpe de Estado que realizó Pedro Castillo. Allí comenzó una agria discusión en la opinión pública sobre su contenido.

La sentencia de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el homicidio de Hugo Bustíos parecía bastante lejana, pero hace unos días se convirtió en una realidad. No era fácil y más con la incertidumbre que acompaña a cualquier proceso judicial en el país.

Este tiempo de estrecha paz que tenemos puede ser productivo para el país, pero requiere que todos aportemos, desde los tanques de pensamiento, pasando por las universidades y los responsables de las entidades públicas. No es descabellado que tengamos nuevas elecciones en el horizonte, pero llegar con las mismas circunstancias no va a arrojar resultados distintos.

Sin duda, la pandemia del nuevo coronavirus ha demostrado que el país se encuentra atrasado en materia tecnológica. Así lo ve Rayner Montes de Oca Llamoca, quien actualmente viene preparando su tesis para graduarse como ingeniero electrónico y de telecomunicaciones por la Universidad Católica San Pablo.