Por: Mgtr. Katleen Morales Tejada, docente del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y magister en Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos.

Ya entregada la licencia de construcción a la minera Southern para que inicie el proyecto cuprífero de Tía María, e iniciado el paro indefinido en la provincia de Islay en contra del mismo, es necesario hacer algunas reflexiones desde el ámbito de la negociación, mediación y gestión de conflictos sociales.

La empresa ha manifestado su decisión de no iniciar obras hasta que el clima social sea más propicio y que haya un espacio de diálogo y entendimiento con la población, esto a razón del conflicto social que se produjo hace algunos años, que tuvo como su más grave consecuencia la pérdida de vidas y la violencia generada en Arequipa e Islay que afectó seriamente la gobernabilidad del país. A ese recuento se debe sumar algunos actos delictivos como las extorsiones que quedaron en evidencia con los llamados “pepe audios”.

Todo ello generó una atmósfera de desconfianza, de escasa institucionalidad, de poca seguridad, de incertidumbre para la población que no sabía qué era cierto y qué no. Y he aquí una de las primeras lecciones, en especial para el Estado y la empresa: para evitar una situación similar es menester brindar información oportuna, certera y explicada de manera sencilla para que la población la entienda. No basta con informar solo a quienes se denominan representantes de la población sino a la misma gente, que necesita estar enterada y trasladar sus dudas y cuestionamientos para que sean escuchados y resueltos.

En el pasado, el gobierno de Ollanta Humala no supo manejar el tema de la seguridad y menos aún su imagen frente a población, dejando la percepción de un Estado con poca presencia, desacreditado, que no supo detectar las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero y que tuvo que esperar que un tercero, un agente extranjero, lo haga. Ese silencio generó un alto nivel de desconfianza en la población.

Con la crisis encima, Humala detuvo el proyecto. Ese momento debió ser aprovechado para cambiar la mala percepción de la población sobre el Estado. Los espacios de diálogo debieron asegurarle a la gente que el Ejecutivo, a través de sus ministerios y otros organismos gubernamentales, velan por ella. Y como esto no ocurrió, nos quedamos con algunas preguntas: ¿esta es la imagen que la población tiene del Estado?, ¿la gente confía en la palabra del gobierno de turno?

Por otro lado, a la empresa Southern le pasaron factura sus acciones del pasado y la forma cómo se relacionaba con sus zonas de influencia. Esto generó que la gente no confíe en ella, que tenga muchas dudas y cuestionamientos y que, aunque sepamos que Tía María es un proyecto necesario para la economía y el desarrollo del país, dudemos de ello. Y si bien la empresa ha venido trabajando en generar nuevas formas de relacionarse con la población —trabajando en proyectos de desarrollo y actividades de responsabilidad social a fin de lograr mejorar su imagen—, la pregunta sigue siendo si eso ha sido suficiente.

Finalmente, el Estado es el actor clave, por ello las autoridades deben estar coordinadas y tener un discurso alineado frente a la población para que no primen las contradicciones. Sino sucede esto, el gobierno le dará el escenario preciso para que actores políticos que buscan visibilidad y legitimidad en la población, la azucen y hasta la engañen con información falsa.

Mientras el Estado esté coordinado, genere espacios de diálogo, brinde información clara y busque nuevas formas de unir el proyecto con la población sin alterar la ley, se va a dar el cambio que se necesita y que todos esperamos. Solo así el proyecto se realizará de la mejor manera, con impactos gestionados, población informada de manera adecuada y una empresa transparente en acciones y discurso. El Estado tiene que cumplir su rol de promotor de diálogo y también el de garante para que se cumplan los compromisos relacionados a Tía María.

La confianza es el aspecto en el que más debe trabajar el gobierno ante cualquier conflicto social. El Estado es el primero que debe velar por los intereses de la población y la población debe saber que puede recurrir a este cuando ve que un privado está atentando contra el bien común.