Tía María no va, pero la ¿gestión del conflicto?

Tía María no va, pero la ¿gestión del conflicto?

Foto: Internet

Por: Mgtr. Katleen Morales Tejada, docente del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y magister en Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos.

El presidente Martín Vizcarra anunció que el proyecto minero Tía María no será ejecutado en su gobierno. La decisión que alegró a algunos y preocupo a otros, ha dejado un aspecto fundamental en el aire: la gestión del conflicto social generado por Tía María. Pero este “quita cuerpo” no es solo del actual mandatario, lo ha hecho también PPK y antes Ollanta Humala.  Si bien el presidente ha manifestado que no hay las condiciones necesarias para que este proyecto se desarrolle y sin ellas, no hay luz verde para Tía María, no ha manifestado cuales son estas condiciones, a qué causas se deben y, lo más importante, no ha explicado como el gobierno las abordará para darles factibilidad en el futuro.

Tía María puede cambiar de nombre o de dueños, pero la complejidad del conflicto por el proyecto no va a cambiar porque nadie – autoridades, empresa o sociedad- se han dispuesto a gestionar las causas de fondo para el rechazo del proyecto que, hoy por hoy, van más allá de los aspectos sociales y ambientales y se pegan más a lo político, económico y el rol que cada actor desempeña dentro del conflicto.

La decisión presidencial afecta a Arequipa y al país no solo en el ámbito económico, sino que nos quita la imagen de país seguro para las inversiones privadas, que tanto nos había costado obtener, y eso no tiene que ver, ya no con el Estado, sino con la sociedad. Tía María nos ha demostrado que un grupo amplio o no de personas pueden impedir que la ley se aplique. Allí el error, pues si se cree que los requisitos legales para los proyectos extractivos son insuficientes, el camino no es paralizar su ejecución por medio de la violencia sino buscar mecanismos democráticos como los controles de calidad ambiental, la fiscalización de los proyectos o reformas legales a partir de proyectos de ley, entre otros.

Otro aspecto que no ha sido atendido frente a los conflictos sociales por minería es el reclamo válido de la población de las zonas aledañas acerca de la pobreza. ¿Qué ha hecho el Estado al respecto? Poco. ¿Y la empresa privada? En la mayoría de casos se ha limitado a dar cosas. Allí una complicación más, porque cuando un proyecto culmina queda la sensación de vacío y poco desarrollo, lo que sin duda afecta a futuras inversiones.

La falta de ejecución de los proyectos mineros ha impedido que el Perú crezca económicamente y es lamentablemente y, hasta irresponsable, que en un país cuya economía está sujeta a la inversión en este sector no se haga algo por mejorar la gestión social entorno a los mismos y se permita que los conflictos por estos proyectos surjan y, por decirlo así, los dejan a su suerte.

Los conflictos sociales generados por la minería tienen causas similares, entonces sí pueden ser detectadas y gestionadas por el gobierno de turno. Pero el detalle está en que varias de esas causas tienen una carga política que ninguna autoridad está dispuesta a asumir. Acciones poco populares pero necesarias. El presidente Vizcarra parece haber olvidado que no está aquí para ser popular sino para hacer que el Perú avance, ello implica que ejecute con compromiso los deberes que el pueblo le ha encomendado y que haga cumplir la ley para todos.

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