Por: Renato Sumaria Del Campo, periodista director de Encuentro y jefe de Comunicación Institucional de la Universidad Católica San Pablo.

“La problemática de la ‘comunicación’ política ha sido en los últimos diez o quince años entendida casi exclusivamente en lostérminos de marketing. Quien habla hoy de ‘comunicación política’ tiene en cuenta, la mayor parte de los casos, cuestiones concernientes a la imagen mediatizada de los políticos, y al rol de los ‘consultores en comunicación’ que aconsejan a los políticos”. Este apunte es del fallecido semiólogo Eliseo Verón, en su ensayo Mediatización, comunicación política y mutaciones de la democracia.

Siguiendo las ideas del sociólogo italiano Alessandro Pizzorno, Verón desarrolla una crítica a posturas neo–utilitaristas que buscan teorizar el sistema político democrático desde una mirada puramente económica. Concretamente, apunta a los problemas que se siguen tras la introducción de la lógica de mercado en lo que llama la “racionalidad del comportamiento político”.

“Como en el modelo del mercado en el cual se inspiran, nos encontramos ante un actor político estrictamente racional. El actor orienta su comportamiento en función de su interés individual. Desde este punto de vista, uno de los componentes del sistema democrático sería la libertad del individuo para decidir cuál es su interés. La adecuación del comportamiento a los objetivos indicados por el interés supone, en este actor racional, un cálculo de la relación entre costos y beneficios. El campo político aparece así como un mercado de oferta de procedimientos y decisiones (programas), entre los cuales el actor elegirá libremente en función de su interés”.

Lo anterior supone un primer problema: el cambio de paradigma en la elección de un político. De la coincidencia ideológica o doctrinaria, hemos pasado al candidato como producto obligado a captar el interés de compradores ávidos de escuchar la mejor oferta posible.  Aquí otra complicación que atender: en un escenario de decisiones libres en función del costo–beneficio, donde lo que prima es una lógica de mercado, la información juega un rol central.

¿Cuánta información es capaz de recabar un elector antes de emitir su voto “libremente”? Esa información, ¿alcanza para conocer realmente a un candidato? Si el objetivo es buscar el mayor beneficio individual posible, y si para ello se debe “pagar” el costo de estar informado, con su consecuente inversión de tiempo y esfuerzo, ¿cuánto está dispuesto a “pagar” un elector peruano para acceder a las fuentes adecuadas? Y suponiendo que acceda a estas fuentes, ¿la información recogida alcanza para conocer plenamente al candidato por el pretende votar?

Alguien dijo por ahí que el peruano se toma más tiempo en averiguar los detalles del celular que va a comprar que en indagar la vida, ideas y propuestas del candidato por el que pretende votar. Razón no le falta. Lo que deja como especialmente cierta en nuestro país esta conclusión de Eliseo Verón, “el voto emitido sobre la base de un juicio general es el voto de un incompetente”.

*Artículo publicado en el diario Viral del 06 de abril de 2021, suplemento Elige bien.

Arequipa, 07 de abril de 2021